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​La Reforma Procesal Penal fue un proceso que se impulsó con el objetivo de generar las herramientas legales para una adecuada política de persecución penal, con resguardo de las garantías y eficacia en su función, que permitiera a la comunidad comprender las decisiones y soluciones propuestas y posibilitara la participación ciudadana, cumpliendo la manda constitucional vigente desde 1860.

 

El contexto político-social y el trabajo coordinado de los tres Poderes del Estado hizo impostergable avanzar en este proceso, luego de una década de debate.

 

El desafío fue adecuar el ordenamiento normativo a la Constitución Nacional para brindar respuestas a una comunidad que exigía cambios y que estaba dispuesta a participar activamente de ellos.

 

Así, la Reforma Procesal Penal permitirá la administración de Justicia en forma más rápida y ágil, con respuestas concretas y respeto por los derechos y garantías de los ciudadanos, además de dar mayor transparencia en la gestión.

 

 

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