Tras la sanción del nuevo Código Procesal Penal en 2011, el Poder Judicial puso en marcha un proceso para poder alcanzar su implementación definitiva en el plazo legal previsto de dos años. A tal fin se conformaron comisiones que trabajaron sobre la legislación, la capacitación y la adaptación edilicia y se ejecutaron acciones concretas desde la Subsecretaría de Planificación. 

La comisión de Legislación se ocupó, a través de tres subcomisiones, de redactar los proyectos de leyes complementarias al Código: la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. 

A partir del trabajo de la comisión de Capacitación, el Tribunal firmó un convenio con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para la implementación de un plan de formación de 36 módulos para todo el personal judicial, que aún se encuentra en marcha.

Además de este convenio, la Escuela de Capacitación estuvo al frente de un programa de formación específico para cada uno de los agentes del sistema. Los nuevos procesos orales, que prescinden del expediente; la litigación, que cambia radicalmente la manera en la que fiscales y defensores intervienen en el proceso; y las tareas que recaerán en las nuevas oficinas judiciales, colegios de jueces y tribunales, fueron los puntos centrales de las capacitaciones realizadas desde fines de 2012.

La Subsecretaría de Planificación, además de las tareas de coordinación realizada en otras áreas de la implementación, realizó -junto al Área de Infraestructura de la Administración General- el relevamiento de todos los edificios del Poder Judicial para adecuarlos a sus nuevas funciones.